La intervención profesional en la prevención de la violencia de género es un componente clave en las políticas públicas y en el diseño de programas de atención. Las especialistas que trabajan en este campo desarrollan estrategias dirigidas a detectar casos, acompañar a las víctimas y promover marcos de actuación que respondan a la magnitud del problema. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual en algún momento de su vida, lo que subraya la necesidad de acciones sistemáticas y sostenidas.
La figura de la experta en violencias machistas se ha vuelto central en este abordaje. Su labor incluye la creación de planes de formación y campañas de sensibilización que involucren a diferentes actores sociales. Estas especialistas diseñan iniciativas que tienen como objetivo generar espacios de análisis y cambio de conducta, tanto en ámbitos educativos como laborales y comunitarios. Las acciones se dirigen tanto a víctimas como a potenciales agresores, buscando cambiar conductas y fomentar una cultura de respeto. La educación es una herramienta clave en este proceso, ya que permite construir una base sólida para la igualdad de género.
El trabajo se despliega a través de talleres, charlas y programas que promueven el conocimiento de derechos y la inclusión de colectivos históricamente marginados, como la comunidad LGTBIQ+. Estas actividades también buscan generar entornos seguros para el diálogo. En México, el programa “Hombres por la Igualdad” impulsa la participación de varones en espacios de reflexión sobre el ejercicio de la masculinidad y su vínculo con la violencia. La inclusión de distintos sectores en estas propuestas permite construir una respuesta más amplia frente a la problemática.
Además del trabajo directo con la comunidad, estos programas fortalecen las capacidades de las instituciones involucradas. La cooperación entre organizaciones sociales, gobiernos y organismos internacionales permite abordar la violencia de género desde distintas disciplinas. En España, entre 2003 y 2022, más de mil mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, según datos oficiales. Esta cifra refleja la urgencia de continuar con políticas efectivas que garanticen la protección y el acceso a la justicia. En Colombia, “La Ruta de la Violencia” se ha consolidado como una herramienta de atención integral que articula servicios legales, psicológicos y sociales.
El desarrollo de campañas de comunicación y asesorías técnicas también forma parte del trabajo de estas profesionales. Estas acciones buscan instalar el tema en la agenda pública y facilitar el acceso a recursos de apoyo. Campañas como “Ni Una Menos”, surgida en Argentina, han tenido un fuerte impacto en la visibilización de la violencia y en la construcción de redes de solidaridad. “La participación ciudadana en este tipo de propuestas es fundamental para sostenerlas en el tiempo y ampliar su alcance”, explica Kika Fumero, profesional del área.
Este enfoque multidimensional permite avanzar hacia una respuesta estructural que no dependa únicamente de la denuncia o la atención posterior al hecho. Las acciones preventivas y educativas son parte de una estrategia que apunta a modificar las condiciones que permiten que estas situaciones persistan. El trabajo coordinado de profesionales expertas, las instituciones y la comunidad ofrece una base sobre la cual construir políticas de largo plazo.
El desafío de reducir la violencia basada en género requiere voluntad política, recursos y participación activa de todos los sectores. Las iniciativas que buscan promover el liderazgo de mujeres y diversidades, como el programa “Mujeres en Movimiento”, son una muestra de cómo la formación y la organización pueden fortalecer a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. El avance hacia una sociedad más equitativa implica el compromiso sostenido con la prevención, la educación y la garantía de derechos.
